Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para proteger a los vecinos del contaminado río Santiago, en Jalisco. Pero nada cambió. “Seguimos respirando lo mismo, se sigue afectando el ambiente de la misma forma”, denuncian activistas. La debilidad institucional, la austeridad presupuestal y la descoordinación entre gobiernos juegan un papel importante en esta catástrofe ambiental y humana.
En el contexto de la resolución de la CIDH y bajo la presión de la opinión pública, el gobernador Alfaro prometió una investigación que no terminaría hasta encontrar “al agente contaminante” del río Santiago. ¿El gobernador se propuso una tarea imposible?, le pregunté a Cindy McCulligh, investigadora del CIESAS y una de las mayores expertas en la contaminación del Santiago. “Obviamente, el nivel estatal del gobierno no tiene todas las facultades para controlar esos puntos, porque muchos son del ámbito federal, porque las descargas a cuerpos de aguas nacionales son competencia del Gobierno federal, pero de que sea un gran misterio no creo que sea este el caso”, dijo McCulligh.