No es agradable la vida cuando llegan a tu casa y te avisan que deberás mudarte, pues van a inundar tu pueblo con las aguas de una nueva represa. Pero la calidad de vida de los poblados presuntamente beneficiados con esos proyectos, es decir, los que no se anegarán y estarán a las orillas del nuevo gran lago artificial, no necesariamente es mejor. No lo ha sido, de acuerdo al peritaje oficial del amparo 712/2013, entregado al juzgado primero de Distrito de Tepic, Nayarit, en abril de este año, para el ejido Cantiles, supuestamente beneficiado por el proyecto hidroeléctrico El Cajón, ubicada en el cauce del río Santiago, en Santa María del Oro, Nayarit.
Se trata de uno de los escasos estudios en un contexto de litigio judicial que se han realizado sobre cómo le cambia la vida a los afectados con las represas, y ha sido acercado al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, en busca de fortalecer el expediente para cancelar el proyecto El Zapotillo, que amenaza con inundar tres poblados en el río Verde y condicionar fuertemente a una región productiva que depende de las aguas de su cuenca.
El informe fue elaborado por un grupo técnico interdisciplinario bajo el liderazgo de Alejandra Aguilar Ros, perito oficial, en un proceso judicial en que la comunidad agraria reclama afectación de derechos por la megaobra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no ha culminado a la fecha.
